Comisión Asesora Presidencial continúa proceso de audiencias públicas
En la instancia, los comisionados recibieron al diputado Daniel Farcas, a representantes del Instituto Libertad, a dirigentes de Trabajadoras de Casa Particular y al Centro de Geriatría UC, quienes expusieron sus diagnósticos y propuestas en cuanto a la temática previsional.
Siguiendo con el proceso de audiencias públicas, la Comisión Asesora Presidencial del Sistema de Pensiones recibió este jueves 10 de julio las presentaciones del parlamentario Daniel Farcas, el director ejecutivo del Instituto Libertad, Antonio Horvath, la presidenta del Sindicato Unitario de Trabajadoras de Casa Particular, Emilia Solís y de la directora del Centro de Geriatría y Gerontología UC, Rosita Kornfeld.
El primero en exponer fue el diputado Daniel Farcas, quien detalló las propuestas para el mejoramiento del sistema de pensiones que ha trabajado junto a los parlamentarios Tucapel Jiménez y Gabriel Silber. Según comentó, entre las falencias identificadas se encuentra el que los trabajadores “están obligados a cotizar en un sistema impuesto donde sólo tienen derecho a escoger cuál AFP administrará sus cotizaciones”, y que “no pueden disponer de sus fondos sino parcialmente cuando jubilan o realizan algún retiro anticipado”.
Además, el parlamentario comentó los proyectos de ley en materia de pensiones que actualmente se encuentran en tramitación en el Congreso, entre ellos, la “moción que establece un mecanismo de repartición de la rentabilidad de las AFP”, la “moción relativa a la responsabilidad en la administración de los fondos de pensiones” y el “mensaje que crea una AFP estatal”. Al respecto, señaló que el propósito del proyecto presentado bajo su patrocinio es “modificar el artículo 29 del Decreto Ley 3500” estableciendo que las “cotizaciones adicionales o las comisiones percibidas por las AFP” deberán ser “proporcionales y en base a la rentabilidad efectiva que experimenten”. Ello, aseguró el diputado, logrará “promover la competitividad entre las distintas AFP”, motivando que su administración “sea prudente y cuidadosa, resguardando la seguridad de los fondos”.
Finalmente, Farcas aseguró que su proyecto y la creación de una AFP del Estado son complementarios, ya que dicha iniciativa contempla que ésta debe regirse bajo las mismas normas de las administradoras particulares. “Debemos propender hacia la disminución de la desigualdad y una herramienta poderosa para ello viene dada por el sistema de pensiones. La creación de la AFP del Estado es un gran avance”, concluyó.
Tras el parlamentario, fue el turno del Instituto Libertad quienes presentaron su diagnóstico y propuestas. En su exposición “Mejoremos las pensiones”, el director ejecutivo de la entidad, Antonio Horvath, destacó que la tasa de cotización de 10% establecida en Chile “es una de las menores entre los países OCDE” e indicó que para los “trabajadores que cotizan con regularidad, los fondos acumulados permiten financiar pensiones cercanas a sus ingresos”. Por eso, aseguró que “el promedio de la pensión no puede ser parte del diagnóstico”, ya que el monto de $185.000 es un cálculo que “incluye a todos los cotizantes, incluso a quienes cotizaron una vez para recibir el Bono por hijo”.
Al mismo tiempo, destacó que es importante identificar las deficiencias del mercado, entre ellas mencionó que el “70% de la población gana $500.000 promedio” y por ello “rentas bajas generan pensiones bajas”. Asimismo, mencionó que “el desempleo aumenta con la edad” por lo que “no sacamos nada con aumentar la edad de jubilación si no nos preocupamos de incentivar las fuentes de trabajo para las personas con experiencia”.
Entre sus propuestas, Antonio Horvath mencionó “el ahorro de recursos del Estado”, a partir de los compromisos fiscales transitorios del sistema de pensiones, “como bono de reconocimiento y por el déficit operacional del antiguo sistema de reparto”. “Tenemos la posibilidad de invertir esos recursos que se liberan progresivamente a través del tiempo, y mejorar significativamente las pensiones de la inmensa clase media del país”, señaló.
También, indicó que es fundamental incentivar el ahorro de los trabajadores, por medio de “subsidios del Estado, que cubran las lagunas previsionales, en base a un cierto número de años cotizados”.
Posteriormente, fue el turno del Sindicato Unitario de Trabajadoras de Casa Particular, SINDUCAP, quienes expusieron acerca de la experiencia de los trabajadores con ingresos mínimos en materia de pensiones.
En su presentación, la presidenta de SINDUCAP, Emilia Solís, aseveró que “las AFP no han sido capaces de entregar pensiones dignas a los trabajadores y trabajadoras de ingresos bajos, aunque estos coticen de manera permanente”. Manifestó que actualmente “se estima que las pensiones de las trabajadoras de casa particular por el sistema de AFP y con 19 años de cotizaciones del salario mínimo promedio, es decir, $210.000, alcanza un monto de $41.400, con una tasa de reemplazo del 18% “.
En este escenario, la dirigente presentó una “Propuesta para un nuevo Sistema Previsional para Trabajadores de Ingresos Mínimos”, basada en que “la pensión básica solidaria debe complementarse con la pensión que obtenga el trabajador por medio de sus imposiciones dentro de un sistema de reparto solidario administrado por el Estado”. Además, dijo que todas las personas que perciben ingresos mínimos “deben ingresar automáticamente a este sistema” y que la cotización debe ser “tripartita”, incluyendo “financiamiento del empleador, del trabajador o trabajadora y del Estado”.
Según este supuesto, Emilia Solís aseguró que “una persona que cotiza durante 19 años por el sueldo mínimo promedio de $210.000, alcanzaría una pensión de $147.000, con una tasa máxima de reemplazo del 70%”.
Para finalizar realizó su exposición el Centro de Geriatría y Gerontología de la Universidad Católica, el que fue creado en el año 2000 con el objetivo de promover la convergencia interdisciplinaria en temáticas del envejecimiento y la vejez. En su presentación, su directora ejecutiva, Rosita Kornfeld, señaló que “las pensiones son un derecho de las personas mayores” y por ello la protección social debe incluir “seguros de vejez obligatorio, edad de jubilación flexible y prestaciones de vejez no contributivas para personas mayores que no tengan pensiones”.
Además, indicó que “el derecho a la seguridad social y a un nivel de vida adecuado incluye, además de la pensión, el derecho a la salud, al transporte, a la vivienda, a la educación y a la participación social”. Por ello, aseguró que es necesario implementar una “política pública intersectorial orientada hacia la promoción de la calidad de vida y el bienestar”.
“Aumentar solo las pensiones no va a hacer que las personas mayores estén mejor”, aseveró Rosita Kornfeld.
La jornada, que comenzó a las 09:00 horas, concluyó pasadas las 13.00 horas.
