Comisión Pensiones recibe propuestas de académico y asociaciones civiles
Siguiendo con el proceso de audiencias de la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones, este miércoles 13 de agosto expusieron sus propuestas y diagnósticos, el ex superintendente de Pensiones Guillermo Larraín y los representantes de la Asociación Gremial de Asesores Previsionales, del Movimiento por la Diversidad Sexual, MUMS, y del Instituto Igualdad.
La jornada, que comenzó a las 14.00 y se desarrolló en el Salón Azul del Ministerio del Trabajo, fue la penúltima del proceso de audiencias públicas de la Comisión Pensiones.
El primero en exponer fue el académico y ex superintendente de AFP, Guillermo Larraín, quien realizó la presentación “Tomando en serio la longevidad: Un pilar de reparto para la cuarta edad”.
La ex autoridad señaló que el principal factor de las bajas pensiones en Chile “es el problema de la longevidad, el sistema chileno no está bien preparado para enfrentar la creciente longevidad de la población”.
En vista de ello, Guillermo Larraín propuso “separar la edad de retiro en dos, un primero período que esté financiado con ahorro, es decir con lo que se haya acumulado en la AFP, y la introducción de un sistema de reparto al final de la vida de las personas, a partir de que ellas cumplan su edad legal de jubilación”.
Agregó que “en el período de ‘Tercera Edad’, la probabilidad de supervivencia es tan elevada que la mutualización del ‘riesgo de estar vivo’ es inviable, este período debe ser financiado con ahorro. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo y pasamos a la ‘Cuarta Edad’, la probabilidad de supervivencia cae y con ello comienza a ser razonable que tal período sea financiado con un esquema de seguro social”.
Larraín indicó que esta división de la edad de retiro significaría que las pensiones durante la Tercera edad, que según la OCDE sería hasta los 82 para los hombres y 85 para las mujeres aproximadamente, serían mayores a las actuales porque en lugar de tener que financiar hasta que la persona muera, lo harían solamente hasta cuando la persona llega a la expectativa de vida a la edad legal de jubilación.
“Este sistema de reparto consistiría en una contribución que pagaríamos todos los trabajadores activos para financiar las pensiones de quienes pasen más allá de las edad legal de jubilación”, aseveró.
Tras la exposición del académico fue el turno de los representantes de la Asociación Gremial de Asesores Previsionales quienes propusieron tres medidas para mejorar las pensiones.
El presidente de la Asociación, Jaime Sagredo, indicó que lo más importante “es terminar con la declaración y no pago, que constituye un apropiación por parte del empleador de capital que es del trabajador y que a la larga nunca termina de ejecutarse como pago en sí y que constituye una parte importante de las lagunas previsionales”.
Como segundo punto, Sagredo señaló que es necesario revisar la fórmula de cálculo de la pensión final, ya que se están incluyendo expectativas de vida de 110 años y con ello “estamos licuando el fondo de la persona en un tiempo extremadamente largo, lo que significa que las pensiones obviamente tienen que ser menores y cuando las personas llegan a la edad legal o a la edad que debiera tener como expectativa de vida, se encuentra que en su AFP todavía quedan porcentajes muy altos de su capital inicial, lo que podría haberse traducido en una mejor pensión para las personas”.
El tercer aspecto que resaltó el presidente de la Asociación Gremial de Asesores Previsionales es el pago de la asesoría previsional. “La Comisión de Intermediación de Pensión debe ser de costo de las Compañías de Seguros y de las Administradoras de Pensiones y no de los Afiliados, ya que la Asesoría Previsional debería constituir un derecho de todos los afiliados”, manifestó.
Por último, Sagredo propuso a la Comisión Pensiones la creación de una Compañía de Seguros del Estado “que genere una competencia más regulada entre las compañías que hacen inversiones importantes y que tienen resultados financieros bastante altos versus la tasa de interés con las que calculan las pensiones de los trabajadores que son los socios capitalistas de este negocio”.
Posteriormente, fue el turno de los representantes del Movimiento por la Diversidad Sexual, MUMS, quienes presentaron la exposición “Hacia un Sistema de Pensiones Inclusivo”.
Su presidente Marcelo Leiva, indicó que comparten la visión de algunas propuestas presentadas a la Comisión en las que se plantea que Chile “debe transitar de un sistema de capitalización individual a uno de reparto, hoy cuando las cifras muestran que los flujos de entrada vía cotizaciones para el año 2012 fueron de 4,36 billones y los beneficios pagados por AFP sólo de 2,27 billones”.
Además, indicó que “hay un Incumplimientos de normativa internacional en materia de seguridad social”, por lo que es necesario que Chile ratifique el Convenio sobre la seguridad social de la OIT y siga la Recomendación 202 sobre los pisos de protección social”. Agregó que se debe incorporar los principios rectores de la seguridad social, como son “universalidad, integralidad, solidaridad, suficiencia y no discriminación”.
Marcelo Leiva aseguró que la discriminación impacta en las pensiones por dos causas fundamentales, “primero, porque ésta implica un mayor nivel de precarización del trabajo, el cual conlleva la asunción de mayores niveles de abuso en el trabajo (para mantenerlo) y mayor exposición a ser despedido u obligado a la renuncia para evitar el hostigamiento. Y segundo, porque la discriminación lleva a los trabajadores y trabajadoras a privilegiar el trabajo independiente e informal”.
De esta manera, indicó Leiva “en un modelo basado en el ahorro individual, como el chileno, las poblaciones sujetas a mayores niveles de discriminación tendrán mayores lagunas y menor ahorro previsional”.
Tras el MUMS fue el turno de los representantes del Instituto Igualdad quienes presentaron la exposición “Hacia un nuevo paradigma en el sistema de pensiones chileno”.
A juicio de Jaime Ruiz Tagle, director ejecutivo del Instituto Igualdad, entre los principales criterios para establecer reformas previsionales se encuentran, “contribuir a la disminución de las desigualdades socioeconómicas, privilegiando especialmente a los más pobres, a los sectores marginados, a las mujeres y a los jóvenes; incluir la solidaridad intra-sistema que existe en los sistemas de reparto a través de los topes superiores de las pensiones”.
Asimismo, recalco que se debe “limitar el poder económico y político de los grandes conglomerados financieros y conseguir que las pensiones estén vinculadas al desarrollo socioeconómico del país, pero que no dependan significativamente de los vaivenes del mercado”, entre otros criterios.
El investigador destacó también que “el cambio más importante de la ley 20.255, de 2008, fue la construcción de un sólido Pilar Solidario” y que “aunque es una política social bien lograda, se requiere perfeccionarla”. En ese sentido, aseguró que entre los cambios que podrían realizarse se encuentran “mejorar el sistema de reajuste de los beneficios y los montos del Pilar Solidario, ampliar su cobertura y mantener una perspectiva de universalidad, que solo excluya a los trabajadores de más altos ingresos”.
Finalmente, Jaime Ruiz Tagle propuso la “creación de un sistema público de pensiones, basado en cuentas nacionales que consideren la fecha y los montos aportados, manejado por una institución pública, para todos los nuevos trabajadores que se integren al mercado laboral, donde el monto de la capitalización individual en las AFP más el monto de las cuentas nacionales, constituirán la base de cálculo para las futuras pensiones”.
“En consecuencia, se contará con un sistema de pensiones mixto, esencialmente público, pero que dejará espacios para las administradoras privadas”, concluyó.
